Un escándalo se destapó en Italia, el cual involucra a la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez y a dos colombianos más en su momento cercanos al gobierno de Iván Duque.

Según el portal web informativo Corriere DeLLa Serna, la Fiscalía de Nápoles, realiza una investigación por presuntos hechos de corrupción que involucran a empresarios de dicho país y a funcionarios del entonces gobierno de Iván Duque, cuyo objetivo era realizar un multimillonario negocio de cuatro mil millones de euros para la compra de aviones y barcos destinados para las Fuerzas Armadas.

Artículo tomado textualmente de: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/23_giugno_06/massimo-d-alema-alessandro-profumo-indagati-perquisiti-armi-colombia-07077ce7-c0e7-454e-adf9-8c6a69a65xlk.shtml

Massimo D’Alema y Alessandro Profumo están siendo investigados por la fiscalía de Nápoles por la venta de barcos y aviones militares a Colombia.

Con ellos también Giuseppe Giordo, exdirector general de Fincantieri y algunos mediadores de la operación comercial.

Esta mañana comenzaron las búsquedas de los Digos de todos los sospechosos.

Según la acusación, «los sujetos investigados actuaron en diversas calidades como promotores de la iniciativa económica comercial de vender al gobierno colombiano productos de empresas italianas con participación pública -Leonardo, en particular aviones M 346, y Fincantieri, en particular Corvettes y pequeños submarinos y construcción de astilleros- con el fin de obtener de las autoridades colombianas la celebración de los acuerdos formales y definitivos relativos a los suministros descritos y cuyo valor económico global ascendía a más de 4.000 millones de euros». Por tanto, habrían violado el artículo 322 bis del código penal, que castiga «el desfalco, la extorsión, la inducción indebida a dar o prometer beneficios, la corrupción y la instigación a la corrupción, el abuso de funciones de los miembros de los tribunales internacionales u órganos de la Comunidad Europea o de asambleas parlamentarias internacionales o asambleas de organizaciones internacionales y funcionarios de las Comunidades Europeas y de estados extranjeros».

En la orden de allanamiento se precisa que «Francesco Amato y Emanuele Caruso trabajaron como consultores para la cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través de Giancarlo Mazzotta y lograron tener contacto con Massimo D’Alema quien por su currículum de cargos también de importancia internacional cubierta a lo largo del tiempo, actuó como mediador informal en las relaciones con la alta dirección de empresas italianas, a saber, Alessandro Profumo como director general de Leonardo y Giuseppe Giordo como director general de la división de buques de guerra de Fincantieri. Esta operación tenía como objetivo favorecer y obtener de las autoridades colombianas la celebración de acuerdos por un valor total de más de 4.000 millones de euros. Para conseguirlo, ofrecieron y prometieron a otras personas la contraprestación ilícita de 40 millones de euros correspondientes al 50% de la comisión total de 80 millones de euros».

En la investigación también participan «Edgardo Fierro Flores, titular del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia, Marta Lucía Ramírez, Ministra de Relaciones Exteriores y Vicepresidenta de Colombia, Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto, delegados de la Comisión del Senado».

«La suma total de 80 millones de euros se iba a dividir concretamente entre la ‘parte colombiana’ y la ‘parte italiana’ mediante el recurso al bufete de abogados estadounidense asociado Robert Allen Law -con sede en Miami (informado y presentado por D’Alema como agente e intermediario comercial formal en Fincantieri y Leonardo) representada en Italia y para la negociación específica de Umberto Bonavita y Gherardo Gardo – para la preparación y firma de los contratos de simulación y justificación formal de la transición financiera y de los vehículos corporativos bancarios y financieros específicos preparados para el tránsito, distribución y distribución final de la citada suma que finalmente no se siguió con la formalización de los contratos por interrupción de la negociación por falta de acuerdo sobre la ulterior distribución de la citada suma entre las personas físicas individuales que constituyen la ‘parte italiana’ y la ‘parte colombiana'».

«Mi cliente está absolutamente tranquilo – comenta el defensor de Giordo, el abogado Cesare Placanica – porque estamos en presencia de una construcción jurídica absolutamente audaz. Entrega, además, en virtud de una jurisdicción territorial para proceder que es difícil de entender. Además, en relación a este problema, llama la atención que a pesar del clamor del asunto solo hubo una fiscalía en todo el territorio nacional que consideró que existían perfiles de relevancia delictiva. Tan grave como para merecer incluso un acto de búsqueda, inevitablemente destinado a acabar en el circuito mediático».